El libro negro de la Fiscalía española refleja las vicisitudes de un Ministerio Fiscal, sometido a las «presiones» de sus superiores jerárquicos para actuar de una determinada manera, conculcando los criterios ajustados al derecho que el Fiscal de turno aplicaría. Desgraciadamente para nuestro país, el artículo 124 de nuestra Carta Magna, una y otra vez, cuando entran en juego intereses o colisiones políticas, o del sistema financiero, no cumple con el deber constitucional de defender el interés público y la legalidad vigente.
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